Esto implica que las entidades y personas que traten información personal están obligadas a proteger su confidencialidad, previniendo accesos no autorizados y garantizando la confidencialidad de los datos personales.

Nuestra Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), en su artículo 5, refuerza esta obligación, subrayando que toda persona que intervenga en el tratamiento de datos personales debe respetar el deber de secreto, incluso después de finalizar su relación con el responsable o encargado del tratamiento.

La obligación general del deber de confidencialidad contenida en la normativa de protección de datos es complementaria con el deber de secreto profesional de conformidad con su normativa aplicable.

IMPORTANTE

 Los responsables, encargados del tratamiento y cualquier persona involucrada en el tratamiento de datos deben mantener la confidencialidad en todas las etapas del proceso.

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Estas fugas de información pueden ser involuntarias y no intencionadas, cuando, por ejemplo, se envía un correo a múltiples destinatarios sin copia oculta, o bien se pierde un dispositivo móvil o USB con información confidencial sin cifrar. Las fugas se consideran deliberadas cuando es un ciberdelincuente el que consigue acceder a los sistemas de la empresa, o bien, el conocido como insider, cuando se trata de un exempleado que pretende generar una pérdida de reputación.

¿Cuáles son los escenarios principales donde se dan estas fugas? La información se puede extraer de las siguientes formas:

• Dispositivos móviles y de almacenamiento externo.
• Correo electrónico
• Redes inalámbricas no confiables
• Aplicaciones en la nube o herramientas colaborativas
• Redes sociales
• Malware; troyanos, spyware, keyloggers
• Credenciales de acceso inseguras

IMPORTANTE
En el caso de ser víctima de una fuga de información o cualquier otra amenaza es recomendable interponer una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

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