Esta ley obliga a las empresas con 50 o más trabajadores a contar con un sistema interno de denuncias y prevé multas que pueden alcanzar hasta 1.000.000 euros

Esta ley fue promulgada por el BOE el 21 de febrero de 2023 y entró en vigor el 14 de marzo del mismo año.

Este canal interno de información es obligatorio las siguientes entidades:

Sector privado

• Personas físicas o jurídicas del sector privado que tengan contratados 50 o más trabajadores.
• Personas jurídicas que entren en el ámbito de aplicación de los actos de la Unión Europea en materia de servicios, productos y mercados financieros, prevención del blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo, seguridad del transporte y protección del medio ambiente.
• Partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones, que reciban o gestionen fondos públicos.
• Grupos de empresas (conforme el art. 42 del Código de Comercio).

Sector público

• La Administración General del Estado, las Administraciones de las comunidades autónomas, ciudades con Estatuto de Autonomía y las entidades que integran la Administración Local.
• Los organismos y entidades públicas vinculadas o dependientes de alguna Administración pública, así como aquellas otras asociaciones y corporaciones en las que participen
• Administraciones y organismos públicos.
• Las autoridades administrativas independientes, el Banco de España y las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.
• Las universidades públicas.
• Las corporaciones de Derecho público.
• Las fundaciones del sector público.

Las entidades jurídicas del sector privado que emplean a 50 o más empleados están obligadas por ley a tener sistemas internos de denuncia (canales de denuncia) y sistemas para gestionar y proteger a los denunciantes de represalias.También se requieren fondos establecidos por partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y otros si reciben o administran fondos estatales. La ley tiene por objeto aumentar la transparencia, la ética y la responsabilidad de las empresas e instituciones públicas, promover una cultura de integridad y prevenir la corrupción. La ley protege a las personas que denuncien actos u omisiones que puedan constituir una infracción del Derecho de la UE, una infracción penal o administrativa grave o muy grave, etc.

Esta ley prevé un sistema de infracciones y sanciones considerando infracción muy grave el incumplimiento de la obligación de disponer de un sistema interno de información, para lo que establece como sanción multas que van desde 600.001 a 1.000.000 euros, en el caso de las personas jurídicas.

Esta ley también prevé el cumplimiento del RGPD con respecto al procesamiento de datos personales involucrados en la comunicación ya que el procesamiento de datos personales de los denunciantes y los interesados ​​debe cumplir con los principios y garantías establecidos en el Reglamento General de Protección de Datos. Por tanto, el responsable del tratamiento tiene la obligación de informar a los interesados ​​sobre el tratamiento de sus datos, garantizar su seguridad y confidencialidad, limitar el almacenamiento al tiempo necesario para el canal de presentación de denuncias y facilitar el uso de derechos de acceso, derechos de rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad.

En conclusión, la nueva Ley de Denunciantes es una norma que pretende fortalecer la lucha contra la corrupción y las malas conductas en el ámbito laboral o profesional mediante la protección de los denunciantes y la creación de obligaciones para los canales internos de denuncia.

Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción publicada en el BOE del 21 de febrero de 2023. Con ella se traspone la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019, conocida como Directiva Whistleblowing en ingles.

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