La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, transpone de forma definitiva la Directiva Europea (UE) 2019/1937 (Whistleblowing) al ordenamiento jurídico español. En virtud de esta normativa, toda organización pública o privada que cuente con 50 o más empleados tiene la obligación legal de implantar y gestionar un sistema interno de información (Canal de Denuncias) que garantice un entorno confidencial, seguro, independiente y totalmente accesible para sus trabajadores, colaboradores y terceros.
El incumplimiento de esta obligación no solo expone a las organizaciones a sanciones económicas graves que pueden alcanzar hasta 1.000.000 €, sino también a la prohibición de contratar con el sector público y a un severo daño en su reputación corporativa.
Para evitar cualquier riesgo, en Adapta RGPD ofrecemos un servicio integral mediante el cual implantamos tu canal interno en menos de 72 horas. Nuestra solución se integra directamente en la plataforma SIGNA360, proporcionándote un software intuitivo y conforme a la normativa, acompañado de toda la documentación legal personalizada, la política del sistema, los protocolos de gestión de denuncias y el asesoramiento experto de nuestro equipo técnico y legal para asegurar el cumplimiento continuo y la máxima tranquilidad para tu empresa.
La Ley 2/2023 obliga a todas las empresas privadas con 50 o más empleados. También están obligadas con independencia de su tamaño: todas las entidades del sector público, las entidades financieras (banca, seguros, valores, pensiones), los partidos políticos, sindicatos y fundaciones con financiación pública, y las empresas en sectores de riesgo de blanqueo de capitales.
Tres plazos clave: (1) 7 días hábiles para acusar recibo de la denuncia al informante, (2) 3 meses para comunicar las actuaciones adoptadas, ampliables a 6 meses en casos complejos, y (3) conservación de los datos durante un máximo de 3 años, conforme al principio de limitación del plazo de conservación del RGPD.
Sí. La Ley 2/2023 permite las denuncias anónimas y el canal debe garantizar la confidencialidad de la identidad del informante en todos los casos. Nuestro módulo implementa cifrado extremo a extremo, no registra direcciones IP y permite comunicación bidireccional anónima entre el informante y el responsable del canal, sin revelar la identidad del primero.
El régimen sancionador de la Ley 2/2023 tipifica como infracción muy grave no disponer del canal. Las multas llegan hasta 1.000.000 € para personas jurídicas (500.000 € para físicas). Además, adoptar represalias contra informantes u obstruir denuncias tiene sanciones específicas y acumulables. La autoridad supervisora es la A.A.I. (Autoridad de Protección del Informante).
El canal implica tratamiento de datos personales y debe cumplir RGPD y LOPDGDD. Nuestro módulo genera automáticamente la ficha RAT, define la base legal (obligación legal, art. 6.1.c RGPD), establece plazos de conservación y adopta las medidas técnicas de seguridad. Todo queda documentado en tu expediente de cumplimiento de SIGNA360.
Con nuestro módulo en SIGNA360, la puesta en marcha lleva entre 24 y 72 horas. Incluye la configuración del portal web anónimo, la designación del responsable, la elaboración de la política interna de denuncias y la actualización del RAT y la documentación RGPD. Sin infraestructura adicional, sin soporte de IT.
Sí. La Ley 2/2023 permite externalizar la gestión a un tercero de confianza, siempre que se garantice la confidencialidad e independencia del sistema. Adapta RGPD puede actuar como gestor externo del canal, recibiendo y tramitando las comunicaciones con total garantía legal y técnica.
La Ley 2/2023, de 20 de febrero, transpone al derecho español la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo, relativa a la protección de las personas que reporten infracciones del Derecho de la Unión y del ordenamiento jurídico interno.
Los cinco pilares fundamentales de la ley:
* Canal interno obligatorio para empresas con 50 o más empleados y todo el sector público
* Confidencialidad y anonimato garantizados del informante en todas las fases
* Plazos estrictos: 7 días para acuse de recibo y 3 meses para resolución
* Prohibición expresa de represalias con sanciones específicas acumulables
* Autoridad supervisora independiente: A.A.I. con potestad sancionadora hasta 1.000.000 €
En el ámbito de la ciberseguridad, una de las principales aportaciones del Esquema Nacional de Seguridad es su enfoque basado en la gestión de riesgos. El ENS no establece un catálogo rígido de medidas aplicables a todas las organizaciones por igual, sino que exige analizar cada entorno para determinar qué riesgos existen y qué controles…
La Agencia Española de Protección de Datos, en su resolución PS-00264-2024, sanciona a una entidad del sector industrial por un tratamiento ilícito de datos personales mediante un sistema de videovigilancia laboral con captación de sonido. La reclamación ante la AEPD tiene su origen en la instalación de cámaras de videovigilancia en las oficinas, almacén y…
La necesidad de realizar una evaluación de impacto se intensifica especialmente cuando el tratamiento afecta a colectivos vulnerables o incorpora tecnologías con una capacidad elevada de afectar a los derechos de las personas. Uno de los supuestos más sensibles es el tratamiento de datos de menores, personas mayores con discapacidad, víctimas de violencia de género…
Uno de los derechos más ejercidos por los ciudadanos es el derecho de supresión, regulado en el artículo 17 del RGPD. Aunque habitualmente se conoce como “derecho al olvido”, su alcance va mucho más allá de la simple eliminación de información. Se trata de una garantía que permite a las personas solicitar que sus datos…
El aumento de los ciberataques contra organismos públicos y proveedores tecnológicos ha convertido la ciberseguridad en una prioridad estratégica. Por ello, a lo largo de los próximos boletines iremos abordando de forma práctica los principales aspectos del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), analizando sus obligaciones, medidas técnicas y criterios de cumplimiento para organizaciones públicas y…
Desde agosto de 2024, el Reglamento (UE) 2024/1689 —conocido globalmente como AI Act— es de aplicación obligatoria para cualquier organización que desarrolle, distribuya o utilice sistemas de inteligencia artificial dentro del marco de la Unión Europea. Con el proceso de transposición nacional acelerándose tras la reciente publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales…
