¿Nos encaminamos hacia un reglamento general de protección de datos orientado hacia y para la inteligencia artificial? Esta es una pregunta que muchos se hacen ante el avance de esta tecnología y sus implicaciones en la vida privada y los derechos fundamentales de las personas.
La inteligencia artificial (IA) es un conjunto de técnicas que permiten a las máquinas realizar tareas que normalmente requerirían de capacidades humanas, como el reconocimiento de imágenes, el procesamiento del lenguaje natural, la toma de decisiones o el aprendizaje automático. Estas técnicas se basan en el uso masivo de datos, que pueden provenir de diversas fuentes y ser de naturaleza personal o no.
El uso de la IA plantea una serie de retos y oportunidades para la protección de datos. Por un lado, puede contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, ofreciendo servicios más personalizados, eficientes y seguros. Por otro lado, puede generar riesgos para la privacidad, la dignidad, la autonomía, la no discriminación y otros derechos fundamentales. Algunos de estos riesgos son:
– La falta de transparencia y explicabilidad de los algoritmos y los procesos de la IA, que pueden dificultar el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, oposición o supresión de los datos personales.
– La posibilidad de que la IA tome decisiones automatizadas que afecten a las personas sin su consentimiento o sin garantías suficientes de control humano, lo que puede vulnerar el derecho a la información, a la participación y a la impugnación.
– La potencial discriminación o sesgo que puede introducir la IA en sus resultados, debido a la calidad, procedencia o representatividad de los datos utilizados o a los criterios o parámetros empleados para su análisis.
– La amenaza a la seguridad e integridad de los datos personales, que pueden ser objeto de ataques cibernéticos, fugas o usos ilícitos por parte de terceros no autorizados.
Ante este escenario, es necesario contar con un marco normativo que garantice un uso ético, responsable y conforme a los principios y derechos establecidos en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Este marco debe tener en cuenta las especificidades y desafíos que plantea la IA y ofrecer soluciones adecuadas para cada caso.
En este sentido, la Unión Europea está trabajando en una propuesta legislativa sobre inteligencia artificial que pretende regular los aspectos más relevantes de esta tecnología, como su definición, clasificación, requisitos, supervisión y sanciones. Esta propuesta se basa en un enfoque basado en el riesgo, que distingue entre usos prohibidos, de alto riesgo, limitados o permitidos de la IA. Asimismo, se inspira en los valores europeos y en los principios éticos consensuados por diversos organismos internacionales.
El objetivo es crear un entorno de confianza y seguridad jurídica para el desarrollo y la aplicación de la IA en beneficio de las personas y la sociedad. Para ello, es imprescindible contar con la participación activa y el compromiso de todos los actores implicados: legisladores, autoridades competentes, desarrolladores, proveedores, usuarios y ciudadanos.
En conclusión, nos encaminamos hacia un reglamento general de protección de datos orientado hacia y para la inteligencia artificial. Sin embargo, este camino no está exento de dificultades y retos que debemos afrontar con responsabilidad y visión estratégica. Solo así podremos aprovechar todo el potencial que ofrece esta tecnología sin renunciar a nuestros derechos y libertades.